Procurador Salas: “Hay completo desconocimiento de fiscales”

Huaraz en Línea.- El procurador Anticorrupción, Christian Salas Beteta, es entrevistado por el diario Correo, y en esta entrevista detalla aspectos muy importantes que no han sido percibidos por la ciudadanía, respecto al caso más grande de corrupción registrado en los últimos tiempos en nuestro país, se trata de la red criminal que operaba en Áncash. A continuación reproducimos esta entrevista.

El caso más grande de los últimos años sobre una organización de corrupción en las regiones, que movió millones de soles de fondos públicos, estaría al filo del despeñadero. Así se podría ilustrar la preocupación del procurador nacional Anticorrupción, Christian Salas Beteta.
En entrevista a Correo, el abogado del Estado detalla por qué el trabajo del fiscal supraprovincial anticorrupción, Marco Huamán Muñoz, es cuestionado y por qué probablemente pediría su separación del caso.
ANTECEDENTES
 El caso La Centralita nace en el 2011 y tuvo tres archivos en El Santa cuando se cuestionaba que el presidente de Áncash, César Álvarez, movía sus hilos en el Ministerio Público y en la Corte Superior de Justicia del Santa. A pesar de ello, la fiscalía logró obtener la prisión preventiva de 48 investigados: a la cabeza Álvarez (ahora preso en el penal Piedras Gordas), su mano derecha el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas; cuatro periodistas, funcionarios de la Región, policías y otros. A la fecha son 61 imputados.
Gracias a una directiva del mismo fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia y al pedido de la Procuraduría Nacional Anticorrupción, se trasladó a sede nacional las competencias fiscal y judicial, bajo la justificación de que no habían las garantías suficientes ni la logística en El Santa. Ello, provocó la suspensión de trece audiencias de pedidos de prisión preventiva. Entre los beneficiados resultó Milagros Asián, esposa de Álvarez.
Así el caso pasó a Lima. Teniendo pendientes los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo. Sin embargo, las cosas no avanzan: tres investigados, en condición de prófugos, han logrado se les revoque sus respectivas órdenes de prisión preventiva.
¿Cómo está la investigación?
Cuando se dio la ampliación de la investigación hemos solicitado diversos actos de investigación urgentes, como son la incautación de documentos tanto del gobierno regional como de la municipalidad del Santa, así como también de las empresas vinculadas como es Ilios Producciones, pero no ha sido aceptado por la fiscalía. Han preferido solamente oficiar a diversas entidades a efectos que le remitan esa información. Si investigamos una supuesta organización criminal, no se puede esperar que los investigados en forma voluntaria aporten a la investigación.
¿Qué se busca demostrar con esta documentación?
Informaciones sobre contrataciones y actividades de las mismas entidades, así como corresponde a información contable. Otra circunstancia que hemos observado es la parsimonia que el fiscal del caso se ha desenvuelto en algunas diligencias.
Hablamos del fiscal Marco Huamán, ¿no es así?
Sí, es él quien está a cargo del caso.
¿En qué consiste su parsimonia?
Retardos injustificados en ciertas diligencias como fue en la propia declaración de César Álvarez, la cual no se llevó a cabo, ya hemos informado al mismo fiscal que al parecer en esta diligencia, que se suspendió, sí habría estado presente su abogado, es algo que se va a corroborar con la información que nos ha dado el establecimiento penal (Piedras Gordas).
¿Es verdad que uno de los abogados de Álvarez presente en el penal era Rogger Carruitero Lecca, profesor de la Academia de la Magistratura?
Según la información que tenemos sí, también habría recibido la visita de Franco Domínguez, identificado como la persona que habría servido que para que la información sobre el allanamiento (de La Centralita) se filtrara a la organización.
¿Y sobre el papel del Poder Judicial?
Es preocupante, ya no al nivel de la fiscalía sino del Poder Judicial, la Sala Penal Nacional revocó tres órdenes de prisión preventiva, argumentando que no habían elementos de convicción suficientes, eso es incorrecto.
De manera general ¿la transferencia del caso terminó perjudicando a la investigación?
A mi oficina le ha permitido hacer más control del caso, yo mismo lidero el equipo que litiga este caso de Áncash, pero lo que sí preocupa es el desempeño funcional de algunas autoridades como es el caso de la fiscalía. Ya mi oficina va a plantear las acciones legales, estamos presentando escritos impugnando, eso nos corresponde como litigantes, no podría calificar de negativo el traslado a Lima, pero sí preocupa la dilación y falta de diligencia en algunos casos.
Pueden hacer el control, pero es el fiscal quien dirige la investigación, ¿en la práctica el traslado fue para bien o para mal?
Haciendo un balance general, tanto en El Santa como en Lima las dificultades siempre estuvieron presentes; en su origen este caso ya sufrió tres archivos en El Santa. Así que nosotros estamos preparados para lo que se viene, aquí hay mucha responsabilidad que hay determinar.
Cuando el fiscal superior Walter Salas no puede acreditar que el pariente del consejero Espinal ganó licitaciones en el GRA ¿no demuestra, al menos, falta de preparación?
Esa información estaba ya en la carpeta fiscal.
Peor aún...
El hecho que ante una pregunta de los jueces superiores (el fiscal) no haya respondido adecuadamente evidencia bien falta de preparación o falta de conocimiento del caso y eso es algo que el Ministerio Público debe tomar en cuenta a efectos no crear un perjuicio grave al caso, porque esta revocatoria de las prisiones preventivas puede generar entorpecimiento en el desarrollo del caso.
Otra cosa, ¿qué pasa cuando la fiscal Shirley Ramírez en otra audiencia reconoce que no leyó toda la carpeta fiscal?
Es lo mismo, falta de preparación, una falta de convicción en relación a asumir un caso de esta magnitud que es uno de los más grandes que el Perú ha tenido en los últimos tiempos en materia de anticorrupción y preocupa que los fiscales estén desarrollando este trabajo no lo hagan a cabalidad.
¿Qué pasa con el Poder Judicial que no cita a los procuradores para estas audiencias?
Es algo que nos ha llamado la atención, ya ayer mi oficina ha solicitado que nos notifiquen de manera obligatoria a todas las audiencias, sobre las prisiones preventivas y las apelaciones sobre ellas, para participar y coadyuvar para lograr el objetivo de que se respeten esas órdenes dictadas. Esperamos ahora que nos notifiquen, porque la Procuraduría siempre ha participado en este tipo de audiencias y no vemos por qué la Sala ahora nos restringe de ese derecho.
¿Peligra la investigación si no están presentes por la conducta evasiva de los investigados?
Hay que partir desde la hipótesis que estamos frente una organización criminal y ante este tipo de circunstancias lo lógico es que los integrantes de la organización criminal (al estar libres) entorpezcan la investigación, desapareciendo o alterando documentos o incluso amenazando, amedrentando o intimidando a los testigos o denunciantes; esto es algo que preocupa, y que lamentablemente la Sala Nacional no está tomando en consideración.
¿Y no notificación de la Procuraduría apoya esta situación?
Nuestra presencia no está limitada al tema de la reparación civil, nosotros por ley, según el Código Procesal Penal, tenemos el derecho de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos y a la responsabilidad penal de los involucrados en la comisión de un delito. Ante alguna pregunta o un dato que se le pase al fiscal cuando oraliza en una audiencia y cuando no se nos notifica a una audiencia se nos priva de este derecho.
¿Se puede decir que se revocaron las prisiones porque ustedes no estaban presentes?
Lo que hemos visto en las audiencias es el desconocimiento completo y a cabalidad del caso de parte de los fiscales, por ello es trascendente la participación de la Procuraduría, porque este caso como usted sabrá lo venimos siguiendo y conocemos todas las aristas y detalles.
Ante su conducta ¿pueden pedir el cambio de los fiscales para que se tome más en serio este caso?
Lo estamos evaluando, yo ya he solicitado a mis abogados que me hagan un reporte de cuáles son todas las irregularidades que se han desarrollado en la investigación para evaluar las acciones que vamos a plantear.
¿Qué posibilidades hay cuando se cuestiona el papel de la fiscalía?
Si es que se evidencia un desempeño incorrecto o indebido actuar funcional de un magistrado lo que procede, según la ley, es solicitar su abstención o bien su recusación, en este caso vamos a analizar bien, si estamos ante deficiencias de índole administrativa que hagan prever incapacidad o falta de compromiso o actos de parcialización.
Ante un caso emblemático, que involucra gente poderosa por ejemplo Orellana, quien tendría lazos con el Gobierno, ¿se descarta la presión política sobre la investigación?
Yo no puedo descartar absolutamente nada, estamos en fase de investigación y aquí las responsabilidades que vayan apareciendo sin duda serán denunciadas, lo que nosotros vamos a determinar es que si aparece algún grado o algún nivel de injerencia de cualquier índole, obviamente lo denunciaremos y lo comunicaremos oportunamente.
¿No cree que por esto la población pierde confianza otra vez en el sistema de justicia?
Esa es la responsabilidad que van a asumir las autoridades, cada quien desde su sector: La Fiscalía, el Poder Judicial y mi oficina como Procuraduría Anticorrupción. Nosotros desde un inicio hemos sustentado que acá hay un caso de corrupción, estamos defendiendo esa tesis en el proceso y no nos vamos amedrentar a amilanar ante cualquier derrota judicial o ante cualquier tipo de presión.
¿Qué tanto perjudica al caso Nolasco el hecho que 'caiga' el caso La Centralita? Teniendo en cuenta que coinciden varios de sus procesados y cómo se financió ese grupo de poder.
Son dos investigaciones estrechamente vinculadas, porque estamos hablando de la misma organización. La organización criminal, según la tesis, que se instauró en el Gobierno Regional de Áncash había tenido por fin enriquecerse a través de actos de corrupción y para no ser denunciado, contra aquel que cuestionaba habrían utilizado no solo un brazo legal y un brazo de cobertura mediática de los periodistas, sino también un brazo armado que son los sicarios, lo que es materia de investigación del caso Nolasco. Y el caso de corrupción que nosotros estamos viendo de La Centralita. Las repercusiones obviamente van a ser directas entre uno y otro.
¿Podemos pensar que los investigados del caso Nolasco, pueden usar lo que sucede en el caso La Centralita para lograr beneficios?
Ese es un riesgo, sí.(Fuente: Diario Correo)