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Huaraz en Línea.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su Procuraduría Pública, evitó el desembolso de S/19,8 millones a favor del Consorcio Vial Encañada, conformado por las empresas ICCGSA y TYT S.A.C. Contratistas Generales, investigadas por el Ministerio Público por el denominado caso “Club de la Construcción”.
El Consorcio Vial Encañada reclamaba la cuantiosa compensación económica en el fuero arbitral por conceptos de mayores costos, mayores gastos generales, intereses legales y liquidación de contrato, entre otros.
El proceso arbitral estuvo relacionado al Contrato de Ejecución de Obra N° 097-2012-MTC/20, cuyo objeto es la ejecución de la Obra: “Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Cajamarca – Celendín – Balsas, Tramo Km. 26+000 – Km. 52+000”, ubicada en el departamento de Cajamarca, en la provincia de Cajamarca, distrito de La Encañada.
El procurador del MTC, David Ortiz Gaspar, manifestó que el resultado de este importante caso es producto de la política de lucha contra la corrupción, la misma que desarrolla la Procuraduría Pública con el apoyo técnico de las diferentes dependencias del sector. “Esta suma de esfuerzos y compromisos está logrando revertir los resultados adversos que venía sufriendo el Estado y que le significaban la pérdida de importantes sumas de dinero al fisco”, sostuvo el funcionario.
Cabe indicar que, para obtener este resultado ha sido determinante el diseño de la estrategia de defensa planteada por la Procuraduría Pública del MTC y la colaboración técnica de Provías Nacional.
Importante ahorro para el fisco
Este importante logro se suma a los numerosos resultados favorables obtenidos por la Procuraduría Pública del MTC, lo que ha motivado que, desde enero del 2017 hasta la fecha, se haya evitado desembolsar a los contratistas demandantes S/ 1,567´619,403.65. De dicho monto, S/ 693´772,008.79 están relacionados a arbitrajes con empresas investigadas en el denominado caso “Club de la Construcción”.
De esta manera, el MTC reafirma su compromiso de continuar con una férrea defensa jurídica de los intereses del sector y de lucha frontal contra la corrupción, cautelando de manera eficiente los fondos públicos.
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