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Huaraz en Línea.- Con el retorno de los escolares a las clases presenciales, los casos de bullying (acoso en su traducción al español) se vuelven a denunciar a diario. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, en lo que va del 2022 se han reportado 1922 casos de violencia escolar y, de ellos, 869 corresponden a violencia física, 674 a violencia psicológica y 379 a violencia sexual.
Para la doctora en Psicología y docente de la Universidad César Vallejo (UCV), Juana Dioses Rizzi, estas preocupantes cifras son resultado, principalmente, de la no ejecución de la Ley Antibullying, la cual exige desde el 2011 que haya un psicólogo por colegio.
“Efectivamente, la Ley 29719, ‘Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas’, promulgada el 25 de junio del 2011 y que fue reglamentada en el 2012 en el gobierno del señor Ollanta Humala, incorpora la figura del psicólogo en las instituciones educativas, ante la violencia escolar. Con la reglamentación de esta ley, se establecieron los roles y responsabilidades desde el Ministerio de Educación, las direcciones regionales, ugeles, centros educativos, etc.”, menciona la especialista.
En esa línea, Dioses Rizzi lamenta que hasta la fecha no se implementen las plazas determinadas por la ley en la que dice “…declárese la necesidad de designar por lo menos un profesional psicólogo en cada institución educativa”.
“Han pasado diez años ya desde que se reglamentó y aún no han sido implementadas plazas permanentes, orgánicas, que impliquen que el profesional en psicología pueda participar desde la elaboración de los documentos de gestión como el reglamento interno, la difusión de los protocolos de actuación frente a la violencia y aplicar estrategias de promoción de una sana convivencia en todos los entes de la comunidad educativa. Hay que tomar en cuenta que el bullying no es un tema de indisciplina de uno o dos escolares, es un fenómeno multicausal, sistemático, progresivo; frente a ello, la responsabilidad es compartida, desde las políticas públicas hasta la comunidad en pleno”, explica.
Asimismo, sostiene que debe haber un nivel de trabajo intersectorial para que este problema se pueda enfrentar desde distintos ministerios y entidades del Estado.
“Se debe establecer una mesa de trabajo intersectorial para poder enfrentar este problema que es de índole psicosocial; la violencia en los centros educativos no es más que la suma de factores que han sido desatendidos por los gobiernos, es responsabilidad del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Economía, etc.”, indica la docente.
La también magíster en Psicopedagogía reitera que la no ejecución de la Ley Antibullying se debe a una falta de voluntad política -en esto coincide con el Colegio de Psicólogos del Perú- y no de presupuesto público.
“En principio, la voluntad política de hacer que se implementen dichas plazas, pero de manera sostenible con presupuesto real. El Ministerio de Educación contrata psicólogos y especialistas en convivencia, en modalidad CAS, como profesionales sin título pedagógico, con 40 horas semanales por periodos en meses y con un sueldo que corresponde a un personal administrativo. Digamos que el sueldo es un poco más que el de un auxiliar de educación, para un profesional titulado, colegiado con especialidad en convivencia, como piden en los requisitos de las convocatorias; esto es una desvalorización del profesional psicólogo”, sostiene.
No obstante, agrega que otro factor también es la carencia de recursos humanos, la distribución de profesionales no es equitativa hacia los lugares más apartados de nuestro país. “No alcanzaría a cubrirse todos los colegios peruanos con un profesional en psicología. Entonces se requiere de políticas de Estado claras, precisas y que tengan en cuenta todos los factores, que permitan la permanencia de un profesional en psicología en condiciones equitativas a otros profesionales de la salud”, asegura.
Cyberbullying y otros problemas en los escolares
En otro momento, la docente de la Escuela de Psicología de la UCV advierte que, además del bullying, que ahora va acompañado o se ha convertido en cyberbullying, también hay estudiantes que sufren y atraviesan problemas de identidad sexual, de trastornos alimenticios y otros casos que deben ser atendidos por profesionales de la salud mental.
“La labor del profesional psicólogo en las IIEE es la atención primaria, la detección de casos que requieren un tratamiento especializado; para ello, cuenta con las herramientas psicológicas de la observación de conducta, la entrevista y las pruebas psicológicas que permiten un proceso psicodiagnóstico. La participación como profesional formado en el área de la salud permite identificar, desde las aulas, posibles casos o los trastornos mencionados”, explica.
Dioses Rizzi agrega que otra herramienta que utiliza el psicólogo es la psicoeducación a la población de estudiantes, a los docentes y padres de familia a través de las escuelas de padres, lo cual permite crear aliados en la vigilancia y promoción de la salud mental.
“Por todo ello, la figura del psicólogo educativo es un personal más de la institución educativa que ingresa a las aulas, identifica la problemática individual o grupal, coordina y planifica la tutoría con los docentes tutores; no es un profesional de escritorio o que se ubique en un lugar apartado, donde solo derivan a los “indisciplinados o problemáticos”, ese es un rol es desfasado, que muchas veces se les impone desde las autoridades que no tienen clara su labor”, asevera la especialista.
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