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Huaraz en Línea. – La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por mayoría el dictamen que reúne tres propuestas de ley para que se otorgue una validez de 10 años al Documento Nacional de Identidad (DNI) y que sea renovable por igual plazo.
El dictamen señala también que la emisión del DNI se dará en forma gratuita en los casos de actualización de la fotografía del menor de edad en condición de pobreza o pobreza extrema; y rectificación o renovación del referido documento a persona mayor de edad que incluya afirmativamente su condición de donante de órganos y tejidos, con fines de trasplante o injerto, después de su muerte.
El dictamen en referencia recoge las propuestas de los congresistas Diego Bazán Calderón (Avanza País), Digna Calle Lobatón (Podemos Perú), Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) y de Raúl Huamán Coronado (Fuerza Popular).
Actualmente, la validez del DNI en el Perú es de 8 años, según la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
En otro momento, la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), presidenta de la comisión, propuso un cuarto intermedio para estudiar con mayor detalle el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 4900/2022- CR, de autoría del congresista Edgard Reymundo Mercado (Cambio Democrático), que plantea la modificación del artículo 80 del Código Penal para ampliar el plazo de prescripción del delito de omisión de asistencia familiar.
Asimismo, durante la séptima sesión ordinaria de la comisión fueron escuchadas las sustentaciones de los autores de diferentes propuestas de ley.
El congresista Víctor Flores Ruiz (FP) expuso sobre el Proyecto de Ley 5767/2023-CR, que propone la modificación de varios artículos de la Constitución con la finalidad de establecer una única fecha para todos los procesos electorales.
Lo mismo hizo el congresista Alfredo Pariona Sinche (Perú Libre), autor del Proyecto de Ley 1700/2021-CR, que propone la modificación de la Constitución para permitir ampliar la duración del periodo de mandato de las autoridades de los gobiernos regionales y locales a cinco años. (Fuente Andina)
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