Pago irregular de incentivos económicos ocasiona más de S/ 600 mil de perjuicio en UNASAM

Jueves, 18 Enero 2024 - 8:00pm

Huaraz en Línea.  – La Contraloría General detectó un perjuicio económico por S/ 615 379 en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) de la ciudad de Huaraz, como consecuencia del pago de retribuciones económicas a favor de personal docente y administrativo, que en el 2021 desempeñaron cargos directivos a pesar de que el régimen laboral docente no reconoce pagos por dicho concepto.

Asimismo, se pagó un segundo incentivo económico a 11 servidores de la entidad del régimen del Decreto Legislativo N° 276 por asumir cargos directivos. No obstante, dicho personal ya venía percibiendo una compensación por desempeño de la mencionada responsabilidad directiva.

El Informe de Servicio de Control Específico N° 041-2023-2-0213-SCE, precisó que en febrero del 2021 el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en sesión extraordinaria, aprobó el Reglamento Interno de reconocimiento y otras retribuciones económicas por responsabilidad directiva, cumplimiento de metas académicas, participación y otros pagos del año fiscal 2021, sin tener en cuenta la Ley de Presupuesto del sector Público para dicho Año Fiscal.

Precisamente, esta prohibía la aprobación de retribuciones, estímulos, bonificaciones, compensaciones e incentivos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento.

Sin embargo, empleados de confianza y servidores de esta casa de estudios superiores tramitaron y pagaron dichas retribuciones a favor de 131 beneficiarios, entre los cuales figuran ellos mismos.

Si bien la Constitución Política del Perú reconoce la autonomía de las universidades, ello no las exime de cumplir el ordenamiento jurídico nacional, como la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que dispone que toda bonificación, escala o reajuste de este debe ser aprobado mediante Decreto Supremo. Es decir, las entidades del sector público no pueden aprobar disposiciones en materia de ingresos.

En ese contexto, se tramitaron las planillas basándose en el Reglamento interno que incumplía la normativa vigente puesto que se aprobó sin contar con una exoneración con rango de Ley y se efectuaron los pagos a los beneficiarios. Entre ellos, decanos, directores de escuela, directores de departamento y secretarios del Consejo de Facultad, así como personal administrativo, entre otros.

Dieciséis funcionarios y/o servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa, entre quienes figura el titular de la entidad, por lo que el informe fue notificado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, al Órgano Instructor de la Contraloría General y a la autoridad competente de la Entidad para el inicio de las acciones que correspondan.

VER INFORME
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