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Huaraz en Línea.- La Contraloría General de la República inició la semana pasada un servicio de recopilación y evaluación de la información consignada en las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas presentados por la Presidenta de la República en el periodo comprendido entre febrero de 2022 y febrero de 2024, anunció el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
Shack indicó que esta evaluación se inició luego de conocerse diversas denuncias públicas que evidenciarían la posesión de relojes de alta gama y ya se procedió a notificar a los distintos actores involucrados, entre ellos figura la misma Presidenta de la República para que brinde información respecto a qué es lo que ha pasado con la información contenida en sus declaraciones juradas.
En ese sentido, exhortó a todos los notificados de la investigación de la Contraloría, ya sean funcionarios públicos como representantes del sector privado, para que contesten los requerimientos de información de manera célere, con la finalidad de cerrar la investigación y culminarla lo más pronto posible.
El contralor recordó que las declaraciones juradas del período 2021, que presentó la actual Presidenta de la República, ya fueron fiscalizadas por parte de la Contraloría General cuando ocupaba el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Sin embargo, añadió que en el Informe de Fiscalización Específica N° 005 -2022-CG/FIS-FEDJ sí se determinó el impedimento para contratar con el Estado por parte de dos de sus familiares (hermano y cuñado), lo cual fue comunicado al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre otros aspectos.
Obras paralizadas
Otro tema abordando en la Comisión de Fiscalización y Contraloría fue la situación de las obras públicas paralizadas, donde Shack Yalta indicó que este tema representa una “enorme preocupación” para la Contraloría General, ya que suman un total de 2205 al 31 de enero del presente año y su costo actualizado asciende a S/ 26 262 millones, de los cuales existe un saldo de inversión pendiente de ejecutar por S/ 13 393 millones.
“Casi el 75% de las obras paralizadas tienen un valor igual o menor a S/ 5 millones. Muchas de estas obras tienen hasta más de diez años de estar paralizadas y por eso es necesario priorizar técnicamente a aquellas que se van a reactivar”, manifestó.
En ese sentido, manifestó que la Contraloría General está impulsando mesas técnicas de trabajo con autoridades de seis regiones (Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco y Ucayali) que están interesadas en destrabar las obras públicas paralizadas ubicadas en sus respectivas jurisdicciones.
“Si hacemos bien el trabajo todos los actores del Estado, yo estimo que por lo menos el 30% de las obras paralizadas deberían reactivarse y terminarse, porque la idea no es trabajar para reactivar una obra y que el próximo año vuelvan a paralizarse”, añadió. En ese sentido, proyectó que durante el segundo semestre se verá la reactivación de algunas obras paralizadas, y a las cuales se aplicará el control concurrente de la Contraloría para asegurar que se culminen bien.
Gasto en consultorías
En la agenda de la Comisión de Fiscalización también se abordó el tema de las consultorías contratadas en el Estado, y al respecto, el titular de la Contraloría señaló que se ha visto un “abuso” en el gasto público realizado en este rubro durante los últimos tres años.
“En realidad, en consultorías se gastan más de S/ 16 mil millones en un año, pero hay consultorías que son buenas pero también hay de las otras. Frente a esta problemática, el Congreso aprobó la Ley N° 31559 que crea el Registro para el control de contratos de consultorías en el Estado”, indicó.
Asimismo, precisó que gran parte de las consultorías contratadas por el Estado son de personas naturales y son contrataciones menores a 8 UIT. “El año pasado se han ejecutado más de 3.7 millones de contratos a personas naturales y jurídicas por menos de 8 UIT”, agregó.
Durante su exposición, Shack detalló que en el segundo trimestre del 2024 se iniciará el megaoperativo nacional a la contratación de las consultorías en el Estado y se culminaría en el tercer trimestre.
“Por niveles de gobierno, durante el 2023, vemos que se han gastado más de S/ 3200 millones en consultorías del Poder Ejecutivo y en otros poderes del Estado se gastó S/ 270 millones, mientras que en las universidades públicas otros S/ 386 millones, en gobiernos regionales otros S/ 1439 millones y más de S/ 3400 millones en gobiernos locales. Ese es el marco de referencia para entender qué es lo que está pasando con la cantidad de recursos que se destinan a estas consultorías, pero no se trata de satanizarlas, ya que son necesarias pero hay que separar la paja del trigo”, puntualizó.
Finalmente, reveló que es preocupante el crecimiento de estos gastos en consultorías, ya que en el año 2019, las consultorías representaban el 13% (S/ 5 669 millones) del total de las contrataciones del Estado y eso aumentó al 28% (S/ 16 248 millones) en el 2023.
El Contralor General también fue convocado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para exponer sobre otros temas tales como el control al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) del OSCE, los servicios de control a la COVID-19 y al dengüe, así como para explicar la estimación de la corrupción y la inconducta funcional 2023.
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