Facebook 
Huaraz en Línea.- Como resultado de una auditoría al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan, la Contraloría General de la República evidenció que un gErupo de Centros de Emergencia Mujer (CEM) en las regiones de Amazonas y San Martín no llevaron a cabo las acciones necesarias para la atención integral a menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual (violación sexual), por lo que incumplieron el objetivo de dar apoyo a las menores afectadas.
Los CEM son servicios públicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención integral para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Teniendo en cuenta que la violencia es un problema complejo y multicausal se requiere de un equipo interdisciplinario conformado por psicólogo/a, trabajador/a social y abogado/a, a fin de responder de manera integral a las necesidades del público usuario.
De acuerdo al Informe de Auditoría N° 011-2025-2-3901-AC, cuyo período de evaluación fue del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, se ha podido determinar que los CEM Chachapoyas y Condorcanqui del departamento de Amazonas y los CEM Bellavista, Comisaría Juanjui, Lamas, Moyobamba y Tarapoto del departamento de San Martín, no llevaron a cabo las acciones necesarias para la atención de las víctimas.
La auditoría de Contraloría identificó un total de 35 casos que no recibieron atención oportuna de los CEM, de los cuales uno corresponde al CEM Chachapoyas, 25 del CEM Condorcanqui, cuatro del CEM Bellavista, uno del CEM Comisaría Juanjui, uno del CEM Lamas, dos del CEM Moyobamba y uno del CEM Tarapoto. Los menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual tenían entre cinco y 16 años de edad.
La comisión de control pudo evidenciar, luego de la revisión de documentos materia de análisis, 18 casos con ausencia de Planes de Atención Integral (conjunto de acciones coordinadas que el equipo interdisciplinario debe diseñar y aplicar según el nivel de riesgo de cada caso) que sean idóneos, 16 casos con ausencia de planes de seguridad (acciones orientadas a prevenir un evento de violencia y/o a asegurar la integridad de la persona usuaria del CEM), y cinco casos donde no se realizaron valoraciones apropiadas de las redes familiares o sociales.
También se verificó la falta de derivaciones en 19 casos para que las usuarias reciban terapia psicológica y/o acceso al Kit de Emergencia, así como tres casos donde no se realizó la derivación a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), ya que el presunto hecho de violencia sexual fue cometido por personal de una institución educativa.
En otros seis casos se detectó la falta de derivación a las instancias pertinentes como los juzgados, DEMUNA y/o la Unidades de Protección Especial – UPE por la presunta desprotección o riesgo de desprotección para que se evalúe iniciar el procedimiento y actuaciones por desprotección familiar.
Asimismo, se pudo comprobar un caso donde los equipos de atención del CEM no realizaron acciones que conduzcan a la presentación de la denuncia correspondiente ante las instancias pertinentes, 9 casos con ausencia del acompañamiento del psicojurídico y la solicitud de las medidas de protección para las víctimas de violencia sexual, o en su defecto no se solicitaron nuevas medidas ante resoluciones denegatorias de las solicitudes de medidas de protección.
Así también, se evidenciaron 20 casos en los que los profesionales a cargo del servicio legal del CEM, no se apersonaron ante los operadores de justicia (Fiscalía y Juzgados), a fin de contribuir con las acciones para el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual. A su vez, se advirtió que tampoco se realizaron acciones de seguimiento operativo (33 casos), seguimiento administrativo (35 casos) y evaluación de los casos cada tres meses (35 casos), que hubieran permitido identificar las deficiencias y corregir las situaciones detectadas.
Estos hechos afectaron la finalidad del programa Warmi Ñan de contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las usuarias afectadas por hechos de violencia sexual, así como poner en riesgo el desarrollo evolutivo de las niñas y adolescentes afectados al no contribuir en reducir las consecuencias físicas, emocionales y conductuales que requieren un nivel de soporte apropiado, limitando el acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud, jurídicos y sociales que coadyuven a la protección de su integridad personal y la reposición de su bienestar.
La auditoría de Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa por estos hechos en un total de 23 funcionarios públicos, de los cuales 16 siguen laborando en la actualidad. En ese sentido, se recomienda a la Directora Ejecutiva de Warmi Ñan realizar las acciones que correspondan para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades de los servidores públicos del programa comprendidos en los hallazgos.
Comentarios