Contraloría exige a Gobierno Regional de Áncash restituya capacidad operativa del OCI en esta sede

Huaraz en Línea.- A través del comunicado N°02-2015-CG/COM la Contraloría General de la Republica exige al Gobierno Regional de Áncash (GRA) que restituya la capacidad operativa del Órgano de Control Institucional de acuerdo a la Ley 27785, en defensa del normal desarrollo de los servicios de control en esta sede gubernamental.

Según informa el órgano de control el Gobierno Regional de Áncash, mediante el incumplimiento en el pago de remuneraciones y la no renovación de contratos de nueve profesionales, ha reducido la capacidad operativa de su Órgano de Control Institucional (OCI), lo cual afecta el cumplimiento del Plan Anual de Control 2015 y repercute en el normal desempeño de las funciones asignadas al unidad del referido gobierno regional.

Además advierte que la Contraloría General de la República ha requerido formalmente al GRA que cumpla con el deber legal de proporcionar personal, recursos y los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dicha entidad, advirtiendo que la omisión o incumplimiento para la implantación o implementación de los Órganos de Control Institucional o la afectación de su autonomía es una infracción sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General.

Sin embargo, el GRA a la fecha no ha cumplido con reponer las 9 plazas de personal profesional correspondiente al OCI, lo que produce una disminución de más del 50% de la capacidad operativa del Órgano de Control del gobierno regional.

Ante esta situación la Contraloría General de la República insta al Gobernador Regional de Áncash, Waldo Ríos Salcedo, y a su consejo regional a disponer la inmediata restitución de la capacidad operativa del OCI y a cautelar que no se obstaculice e interfiera con la función de control, deber legal que concuerda con la obligación de los funcionarios de contribuir en la lucha contra la corrupción.

Finalmente la Contraloría informa que en caso de infringirse dicho deber legal, se verá obligada a proceder formalmente para hacer efectiva las responsabilidades penales y/o administrativas que derivan de dicha infracción.