Defensoría del Pueblo exhorta a la población de Pomabamba a manifestarse de forma pacífica

Huaraz en Línea.- El pasado 18 de enero se realizó una movilización exigiendo al alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba ordene la demolición de la construcción de un grifo cercano al lugar en donde se construirá el Hospital de Apoyo de Pomabamba, tras la observación hecha por el Programa de apoyo a la reforma del Sector Salud, lo que suscitó enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional y pobladores, con un saldo de cuatro heridos.

Ante esta situación, el propietario del grifo, Luis Ceferino Salinas Mori, manifestó que dará un uso distinto a este terreno, ante lo cual se ha expedido la Resolución de Alcaldía Provincial Nº 014-2016-ALC-Pomabamba, otorgando el plazo de 24 horas para el inicio del desmontaje de la infraestructura metálica de los surtidores y techo de la construcción del grifo ubicado en la carretera Sihuas-Huagtachacra.

Así se ha tomado conocimiento que el “Comité Pro Destitución del Alcalde de Pomabamba”, presidido por el señor Jaime Valverde Asencio, ha convocado a una movilización pacífica por las principales calles de la provincia de Pomabamba, exigiendo el cumplimiento del acuerdo popular por la población, a realizarse el día de hoy pese a que el pedido de la población ya habría sido atendido.

En ese sentido, la Oficina Defensorial de Áncash hizo un llamado a la población de Pomabamba a ejercer su derecho a manifestarse de manera pacífica y pública, ya que cuentan con las garantías correspondientes, por tratarse de un derecho constitucional.

Exhortó, además, a los integrantes del “Comité Pro Destitución del Alcalde de Pomabamba”, observar los alcances de la Ley Nº 30315, ley que modifica diversos artículos de la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en donde se recogen los caminos democráticos cuando se considera promover el cambio de una autoridad electa por votación.

Finalmente, la Fiscalía de Prevención del Delito de Áncash, ha expedido una disposición fiscal, exhortando y recomendando al presidente del referido comité y a sus agremiados, para que cumplan con las normas legales vigentes que garantizan su derecho a la libertad de reunión, opinión y expresión, amparados por la Constitución Política del Perú.