Huaraz en Línea.-La jefe de la Oficina Defensorial de Áncash, Rina Rodríguez Luján, expresó, a través de un pronunciamiento, su rechazo y preocupación por la difusión de audios sobre posibles actos de corrupción, tanto en la Municipalidad Provincial de Huaraz como en la Red de Salud Huaylas Sur, instando a las autoridades competentes como el Ministerio Público, Contraloría General y otras intituciones a investigar los presuntos hechos delictivos.
En el caso de la Red de Salud, adscrita a la Dirección Regional de Salud de Áncash, la funcionaria , en oficio dirigido al coordinador de las fiscalías provinciales especializadas en delitos de corrupción, señaló que urge la investigación de esta institución, pues “son unidades ejecutoras de presupuesto público y tienen a su cargo la administración del presupuesto destinado a los establecimientos de salud de su jurisdicción”.
Por ello, se adjuntó al oficio los audios obtenidos para que, conforme a la competencia del mencionado coordinador, se realicen las investigaciones de posibles ilícitos penales, tanto de la persona sindicada en las pruebas, como de las que resulten responsables en la administración financiera de esta entidad.
Asimismo, al amparo de la Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, Rodríguez Luján solicitó que se dicten medidas de protección a las ciudadanas denunciantes de estos graves hechos.
La Defensoría del Pueblo estará realizando el seguimiento correspondiente a las investigaciones fiscales iniciadas en contra de funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Huaraz y de la Red de Salud Huaylas Sur. Asímismo, la jefe de esta oficina defensorial insta a la población a denunciar los graves hechos en toda entidad pública, pues la corrupción beneficia a unos cuantos en perjuicio de la mayor parte de la población.
Finalmente, recomendó a funcionarios y servidores a actuar con probidad, honradez, responsabilidad y transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Además exhorto a velar por el uso adecuado de los bienes del Estado, en concordancia con la Ley del Código de Ética de Función Pública.
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