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(Perú en Línea) Como una de las estrategias para luchar contra la corrupción en el Perú, los funcionarios públicos, incluido aquellos designados como asesores o en puestos de confianza, deberían ser personas que no hayan recibido sentencias por delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos.
Esta medida sería de aplicación en el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales. Así lo propone la Comisión Presidencial de Integridad en su informe final.
Dentro de las medidas para promover la integridad, y prevenir y sancionar la corrupción, la comisión insta a impedir el ingreso o reingreso a la función pública -por cualquier modalidad, incluidos puestos de confianza- a las personas que sean condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos, aun cuando hayan cumplido la pena.
Además, destituir de la función pública a las personas que sean condenadas por los delitos arriba mencionados. Ver informe de la Comisión Presidencia de Integridad
En esta misma línea y en relación al personal del Congreso de la República, Transparencia propone que el personal administrativo y los asesores de los congresistas sean seleccionados por un concurso de méritos, de acuerdo con la Ley del Servicio Civil.
Transparencia, buscando que los parlamentarios estén mejores asesorados para poder legislar adecuadamente, propone que el parlamentario solo cuente con un asesor (a) y un secretario (a) como cargo de confianza, y que el resto del personal de su despacho sea designado por concurso público. Ver propuestas de Plan 32
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