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Huaraz en Línea.- La congresista ancashina, Maria Elena Foronda Farro, fue entrevistada por el Diario Oficial El Peruano. La parlamentaria plantea que la sociedad civil, así como las empresas y el Estado deben trabajar en conjunto para proponer y discutir estrategias de mitigación y prevención del cambio climático en el país.
Reproducimos a continuación esta entrevista.
-¿Por qué es importante que el Perú cuente con una gobernanza ambiental, tal como usted lo propone en una iniciativa legislativa?
–El Perú ha sido uno de los países que han suscrito tratados internacionales vinculados con el cambio climático. Contamos también con una estrategia nacional de adaptación, pero no tenemos una política de Estado que promueva la aplicación de estrategias, no solo de adaptación y mitigación, sino también de normas a escala nacional que generen acciones de prevención. A pesar de que existe una frondosa legislación ambiental, tampoco hay procesos de participación ciudadana y articulación de iniciativas entre Estado, empresas y sociedad civil, que es la base de la gobernanza ambiental.
–¿Cómo mejorarían las políticas ambientales con una base decisora de esta naturaleza?
–Tenemos como estructura un Ministerio del Ambiente y un Sistema de Gestión Ambiental, pero no hay espacios de toma de decisiones en los cuales la población, el Estado y las empresas puedan articularse para trabajar juntos una política nacional de adaptación al cambio climático. Por eso el sustento de esta iniciativa de gobernanza ambiental para la adaptación al cambio climático pasa primero por la necesidad de articular políticas, programas y estrategias con participación de estos tres actores frente a los impactos del cambio climático.
–¿Cuál es la importancia de tener políticas consensuadas y a qué problemas nos enfrentamos?
–Un ejemplo claro de a qué nos enfrentamos es lo que acaba de pasar en Santa Eulalia, en Chaclacayo o Chosica. Esto es una evidencia de lo que digo. También están los riesgos que enfrentamos en la Costa Verde, otro problema clave. Además, están las malas construcciones que hace la población. A esto sumémosle asuntos de contaminación no resueltos y temas de relaves mineros en los ríos. Este panorama nos da condiciones de vulnerabilidad y de mayor incremento del efecto invernadero y cambio climático. Todo eso agudiza las condiciones de peligro en el territorio nacional. Hay que recordar que somos el tercer país de mayor vulnerabilidad al cambio climático en América Latina. Si bien no aportamos en gases de efecto invernadero, somos una de las naciones más vulnerables porque tenemos un conjunto de problemas no resueltos.
–¿Cómo participarían estos tres sectores en el diseño de políticas ambientales?
–Nuestra iniciativa tiene la finalidad de que gracias a esta participación se pueden implementar participativamente las políticas regionales, tanto ambientales como de adaptación al cambio climático. No solamente como ahora se viene haciendo, que es una acción unilateral de parte del Estado, sino que también sería con la participación de la población. Tenemos 220 conflictos sin resolver, vinculados con el tema del medioambiente. Lo que queremos es abrir este proceso y que el Ministerio del Ambiente y los demás sectores, de manera transversal, articulen la participación de la población en la toma de decisiones. De esta manera se podrán generar diálogos y prevenir estos conflictos ambientales que se desarrollan en el país; sobre todo, adaptar las políticas vinculadas con el tema del cambio climático en las distintas regiones con participación del ciudadano.
–¿De qué manera se dará la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a las políticas ambientales?
–En el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y en la Ley de Participación Ciudadana se establecen los mecanismos. Lo que pasa es que no se hace operativo, no hay algo que los vincule. Por ejemplo: anteriormente existía el Consejo Nacional del Ambiente, donde había un consejo directivo compuesto por representantes de empresas (Confiep), de las universidades, de los gobiernos regionales, de redes ambientales, en el que participaban organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ese era un proceso que definía las políticas ambientales y tomaba decisiones sobre la gestión ambiental en el más alto nivel. Había los denominados diálogos ambientales, que eran importantes procesos descentralizados. Hay que recordar que eran espacios para que la gente pudiera decir cuáles eran sus problemas ambientales más urgentes; se armaban agendas ambientales y sobre esa base se intervenía.
–¿Considera que su propuesta pueda tener el apoyo de los demás legisladores?
–Creemos que la sociedad debe participar, pues es parte del proceso, y eso no se ha implementado hasta el momento, menos aún en el diseño de estrategias de implementación, aspectos de prevención o mitigación frente al cambio climático. Estos temas son los que queremos superar con nuestra propuesta. Ojalá sea posible, y esperamos que pueda ser debatida en comisión y aprobada finalmente en el pleno del Congreso de la República.
¿Cuál es el balance que hace de la política ambiental implementada en el país?
–Se ha organizado al Ministerio del Ambiente basándose en tres ejes que, desde el enfoque de economía verde, son importantes: Perú Limpio, Perú Biodiverso y Perú Sostenible. No está mal el enfoque, solamente que hay una agenda que es pendiente y prioritaria.
El tema pasa por el énfasis que se le da. Con esta visión, el ministerio considera que donde existe una minera, en lugar de hacer consulta previa, organizar a la población y ver si es una zona altamente frágil, solamente ve cuál es el beneficio económico que va a sacar la población.
Hay muchos beneficios económicos seguramente, pero el tema no solo es este, sino la sostenibilidad de las emisiones, porque una vez que entre la empresa minera, empieza el conflicto.(Entrevista El Peruano)
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