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Huaraz en Línea.- Las enormes brechas sociales, la informalidad, la falta de oportunidades de empleo de calidad y la estructura productiva sesgada a los servicios de baja productividad —puestos al desnudo por la pandemia— fueron el resultado de la orientación que tomaron las inversiones en el marco legal neoliberal de los últimos 30 años.
Estas inversiones configuraron un estilo extractivista de crecer y acumular capital. Reproducir este mismo estilo extractivista, después del dramático desplome de la producción y el empleo durante la pandemia, sería contraproducente, social y políticamente (véase Otra Mirada, 04-02-2021). Se agravaría no solo el conflicto social, sino también la desconfianza en las instituciones de la democracia.
En nuestros artículos anteriores (Otra Mirada, 10-02-2021 y 18-02.2021) hemos propuesto medidas para iniciar la transformación del modo de crecer y acumular capital. Dos son las propuestas centrales, más allá de las acciones prioritarias inmediatas mencionadas en nuestro articulo Otra ruta de crecimiento y desarrollo es posible (Otra Mirada, 10-02-2021).
Estas son: a) el Programa Concursable de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP); y, b) el plan de inversiones públicas en infraestructura económica y social. La renta básica para los trabajadores desempleados y en situación de pobreza operaría como un seguro de desempleo.
La idea central es orientar las inversiones privadas hacia la diversificación productiva, el empleo digno, el respeto del medio ambiente y la desconcentración geográfica de la economía. El Estado, con un plan de inversiones en infraestructura y de reordenamiento territorial, ampliaría y crearía mercados internos para la inversión productiva privada; y, con la política macroeconómica — cuidando la estabilidad y sostenibilidad fiscal—, facilitaría este proceso de transformación.
Cómo iniciar el cambio estructural y el estilo de crecimiento
Estas dos propuestas serían acompañadas por un esquema institucional de política fiscal basado en el aumento de la presión tributaria mediante la reforma del sistema impositivo; en la adopción de un impuesto temporal a la riqueza acumulada para garantizar los créditos del (PEDP) y acotado de tal manera que no afecte a la clase media; en la aplicación de la «regla de oro de la inversión pública»; en el aumento del límite del endeudamiento público a 35% del PBI para hacerle espacio a las inversiones públicas; y, la imposición —como meta de mediano plazo— de un límite a la deuda en moneda extranjera de 20% de la deuda publica total. La operatividad de este esquema requiere, ciertamente, de algunas modificaciones de las respectivas normas legales. No se proponen cambios en el marco institucional y legal de la política monetaria.
Sobre el PEDP. Superados los confinamientos, su propósito es proporcionar financiamiento barato, fundamentalmente a las MYPES y medianas empresas, para poner en marcha proyectos de inversión generadores de empleo con protección social y que no dañen el medio ambiente en las distintas regiones del país. Esto proyectos pueden ser agrícolas y agroindustriales, de transformación de productos mineros y, en general, de producción industrial (máquinas, equipos y herramientas, etc.) para mejorar la productividad de la agricultura y de la propia industria manufactura.
El PEDP operaría igual que “Reactiva Perú”; pero difiere de este último, porque el otorgamiento de los créditos sería condicionado al tipo de proyectos de inversión mencionados, debido a que estos serían potencialmente riesgosos para las entidades financieras. Precisamente para reducir el riesgo asociado a estos proyectos innovadores, los créditos —cuyos plazos pueden ser de 3 a 5 años— serían garantizados por el Estado y, por consiguiente, con bajas tasas de interés de mediano y largo plazos. Se proporcionaría liquidez al sistema financiero y se mantendría sólida la cadena de pagos, al mismo tiempo que se iniciaría la transformación productiva creando oportunidades de empleo en las distintas regiones del país.
Pero, esta no sería la única modalidad de financiamiento del PEDP. Las empresas que decidan llevar adelante un proyecto de inversión productiva podrían colocar bonos en el mercado, individualmente o en asociación con otras, con garantía del Estado. En este caso la garantía también haría posible obtener financiamiento de mediano y largo plazos, a bajas tasas de interés. Esta modalidad de financiamiento ayudaría a dinamizar el mercado de capitales en moneda local, y también aseguraría la influencia de la tasa de referencia del BCRP en las tasas de interés de mediano y largo plazos.
El BCRP, además de su tasa de política monetaria, puede ampliar «el impulso monetario mediante medidas cuantitativas no convencionales de política monetaria». Lo hizo mediante «operaciones de repo de valores y de monedas, con el objetivo de reducir las tasas de interés a lo largo de la curva de rendimiento».1 Como sabemos, esta reducción de tasas disminuiría el costo de financiamiento no solo para el sector privado, sino también para el sector público.
Sobre las inversiones en infraestructura. Las inversiones públicas en infraestructura económica y social ejecutadas con un plan de mediano plazo permitirán integrar económica, social y espacialmente al país. Solo la brecha de acceso básico a la infraestructura de corto plazo asciende a 15.4% del PBI. De esta brecha, el 23.5% corresponde a salud y el 30.7% a transportes. La brecha de acceso básico a la infraestructura en el largo plazo (a 20 años), representa el 47.7% del PBI del año 2019.2 Cuando se cierran estas brechas en el marco de un nuevo ordenamiento territorial, se impulsa la creación y expansión de mercados internos. La inversión en infraestructura es — como decía Adam Smith en la Riqueza de la Naciones— la base de la economía de mercado y de su integración con la geografía y demografía.
Hemos propuesto la aplicación gradual de la «regla de oro» para que las inversiones públicas en infraestructura (y su mantenimiento), se excluyan de la contabilidad de déficit fiscal y que el endeudamiento público sea solo para financiarlas. Esto significa liberar a las inversiones públicas de las presiones contractivas o de austeridad cuando los ingresos fiscales disminuyen durante la fase recesiva del ciclo. Las modalidades de ejecución de las inversiones pueden ser varias. Lo que nos importa destacar aquí es el costo del financiamiento cuando el Estado es el responsable directo, es participante de una concesión cofinanciada o tiene que otorgar una garantía financiera en una concesión.
Política monetaria y sus consecuencias para la sostenibilidad fiscal
El entorno externo durante los próximos años estará caracterizado por costos de financiamientos bajos, debido a que tomará tiempo la recuperación de los niveles de empleo y producción en gran parte de las economías del mundo, y porque nadie sabe cuándo terminará definitivamente la pandemia.3 Por lo tanto, este contexto es favorable para impulsar el crecimiento económico con cambio estructural en nuestro país.
El BCRP ha anunciado que mantendrá su tasa de política en 0.25% todo el año 2021. En abril de 2020 la redujo de 1.25 a 0.25%. Es altamente probable —dada las restricciones recientes por la segunda ola del virus— que el BCRP también mantenga esta tasa durante el año 2022. A esta postura expansiva hay que sumarle los créditos garantizados del Programa de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP) —que debería reemplazar a “Reactiva Perú” para iniciar la diversificación productiva y el desarrollo de motores internos del crecimiento.
La política monetaria expansiva debería disminuir el costo de financiamiento en todos los tramos de la curva de rendimiento. Sin embargo, cuando no existe un mercado de capitales profundo y líquido, la tasa de política no influye lo suficiente en las tasas de interés de mediano y largo plazos. Por esta razón, es importante recurrir a medidas cuantitativas «no convencionales» entre las que podrían incorporarse la compra en el mercado secundario de bonos del tesoro y/o de las corporaciones privadas, de mediano y largo plazos, generando así condiciones de financiación favorables para las inversiones. Es importante señalar que sería mucho mejor que el BCRP realizara operaciones de mercado abierto con los bonos soberanos y no con sus certificados de depósitos.
Una consecuencia de la política monetaria expansiva es que ayuda a la sostenibilidad fiscal. Como se sabe, esta depende de la capacidad de pago del servicio de la deuda pública y del crecimiento económico. La política monetaria influye directamente en la capacidad de pago porque al reducir las tasas a lo largo de la curva de rendimiento de los bonos, disminuye el costo de financiamiento también para el sector público. La sostenibilidad fiscal no estará en riesgo si el tesoro puede acceder al mercado a tasas de interés bajas. Con costos de financiamiento mas bajos puede servir y aumentar el nivel de la deuda sin poner en riesgo las cuentas públicas.
Asimismo, si la demanda privada de consumo e inversión aumenta estimulada por el bajo costo de financiamiento, entonces, la política monetaria también influye positivamente en el crecimiento económico. Además, el crecimiento también es impulsado por la expansión de los mercados internos y, consecuentemente, por el efecto “atracción” (crowding in) de la inversión pública en infraestructura sobre la inversión privada. Cuando una economía crece, el nivel de los impuestos aumenta, lo que favorece a la sostenibilidad de la deuda y crea espacio fiscal para atender sin dificultades el servicio de la deuda o estimular aún más el crecimiento económico.
No perdamos esta oportunidad para reconstruir la capacidad de servicio público del Estado y sentar las bases de una economía de mercado más sostenible, innovadora e inclusiva. Empecemos a cambiar la orientación del dinamismo de la economía impulsando el desarrollo agrícola e industrial y ejecutando un plan de inversiones en infraestructura económica y social para crear y desarrollar mercados internos. Este es el elemento esencial para integrar socialmente al país y culminar la construcción de la nación. (Por: Félix Jiménez*- Otra Mirada)
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