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Huaraz en Línea.- El pasado martes, el Pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional que plantea el adelanto de elecciones generales para abril del 2024 y el recorte de los mandatos del Ejecutivo y el Legislativo.
Con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, el Parlamento logró la mayoría necesaria para aprobar el dictamen, aunque aún debe ser ratificado en la próxima legislatura que inicia en febrero del 2023.
Vale recordar que la Comisión de Constitución presentó un dictamen que proponía los nuevos comicios para diciembre del 2023, cuyas autoras eran las congresistas Digna Calle y Susel Paredes. Sin embargo, esta propuesta no alcanzó el consenso en la sesión del Pleno del pasado 16 de diciembre.
Para el último Pleno, Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, presentó un texto sustitutorio que establecía el adelanto de elecciones para abril del 2024, tal como fue la propuesta del Ejecutivo. Finalmente, con esta modificación, se aprobó el dictamen de dicho grupo de trabajo.
¿Qué reformas políticas evaluará la Comisión de Constitución?
Como se sabe, la mayoría de bancadas de oposición coincide en que, antes de convocar a las elecciones del 2024, se debe realizar reformas políticas y electorales. En ese sentido, las reformas que más consenso tienen en dichos grupos parlamentarios son el retorno de la bicameralidad y la reelección inmediata de congresistas.
Mañana viernes, a las 9 am., la Comisión de Constitución realizará su 13° sesión extraordinaria en la que tienen agendado evaluar tres proyectos de ley que plantean reformas de este tipo: los de los congresistas no agrupados Roberto Chiabra y Edward Málaga; y el del congresista Juan Burgos de Avanza País.
Impedimentos para ejercer cargos públicos
En dicha sesión, el congresista Roberto Chiabra sustentará la "Ley de Reforma Constitucional que fortalece la estabilidad Democrática de la Nación". El proyecto busca "precisar y/o modificar artículos que permitan el ejercicio transparente y eficiente de las funciones en la estructura del Estado" sometidas a elección popular.
Tales reformas indican que "no pueden participar de forma directa o indirecta, ni financiar organizaciones políticas" aquellas personas que "cuenten con sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autores o cómplices por la comisión de delitos dolosos".
Asimismo, tampoco podrían participar "los condenados con sentencia firme y ejecutoriada por la comisión de los delitos de criminalidad organizada, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, violencia familiar, contra la libertad sexual, reconocimiento de paternidad y sentencia por alimentos, ni los autores, coautores, o cómplices de delitos de lesa humanidad, de secuestro, de homicidio calificado y/o asesinato, aun cuando cumplido o remitido en todo o en parte su condena".
El proyecto indica que los partidos políticos serán "responsables" de "separar" a quienes incurran en estas prohibiciones, "bajo sanción de suspensión del registro electoral" por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, el texto indica las mismas restricciones para aquellos funcionarios que deban ser designados en cargos de confianza.
Otra reforma importante que propone el congresista Chiabra es que los congresistas no podrán ser designados como ministros de Estado.
"El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de integrar representativamente comisiones extraordinarias de carácter internacional, para lo cual se requerirá previa designación y autorización del Congreso de la República", indica la propuesta.
Además, el proyecto establece que el mandato de los congresistas "es renunciable".
"La renuncia (...) será irrevocable y solo podrá presentarse entre el primer y cuarto año del periodo legislativo. El Oficial Mayor comunica la misma, en el plazo de 24 horas a la Comisión Permanente y es aprobada por el Pleno del Congreso de la República (...) Una vez aceptada la renuncia, se nombra en ese mismo acto y de inmediato al congresista accesitario, quien debe juramentar dentro de las 48 horas siguientes", indica el proyecto.
Este viernes, el congresista Edward Málaga sustentará también, ante la Comisión de Constitución, el proyecto de ley "que sincroniza las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial de tres candidaturas". Dicha iniciativa modifica dos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones.
"Con una segunda vuelta de tres candidaturas se busca devolver a la ciudadanía la confianza en el sistema democrático, que se ha visto decepcionada durante las últimas décadas por tener que depositar el futuro del país entre dos opciones que no generan consensos y que, más bien, son opuestas sustancialmente", señala el proyecto en su fundamentación.
Esta iniciativa legislativa indica que si algún candidato presidencial no alcanzó más de la mitad de los votos válidos, "se procede a efectuar una segunda elección el primer domingo de junio, entre los tres candidatos que obtuvieron la votación más alta"
"Al constar de 3 candidaturas, la presente reforma normativa asegura que la segunda vuelta no solo contemple a dos candidatos que pueden reflejar posturas políticas radicales u opuestas entre sí, sino que viabiliza que ascienda una tercera opción que puede generar mayor consenso", señala el documento.
Asimismo, el proyecto indica que las elecciones para congresistas se realizan el primer domingo de junio, es decir, junto a una eventual segunda vuelta con 3 candidatos presidenciales.
"Esta norma tiende un puente entre la clase política y los ciudadanos, pues será el electorado que decidirá, en el marco de una segunda vuelta, si le otorga mayor poder al Poder Ejecutivo a través del voto de congresistas oficialistas o si le concede la confianza a los grupos de oposición que ejercerán el control político y la fiscalización a los actos de gobierno", indica el proyecto del congresista Málaga.
El tercer proyecto de ley referido a reformas políticas que será sustentado en la Comisión de Constitución es el del congresista Juan Burgos que propone la modificación del artículo 117 de la Carta Magna "con la finalidad de fortalecer el régimen político".
De este modo, se propone que el presidente de la república pueda ser "investigado y acusado durante su periodo por la comisión de los delitos de traición a la patria, terrorismo, violación a la libertad sexual, feminicidio, organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio (...), negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, o enriquecimiento ilícito".
Asimismo, señala que el jefe de Estado puede ser "acusado por la comisión de infracciones constitucionales".
Entre estas infracciones, además de las ya establecidas en la Constitución, agrega: "elegir ministros para producir una crisis política, interferir en las actividades del Poder Judicial, Ministerio Público o Tribunal Constitucional, realizar graves violaciones a tratados internacionales (...), expedir decretos de urgencia en materia tributaria (...), disponer el ingreso de las FF.AA. y de la PNP en el Congreso sin autorización del presidente del Parlamento (...), y decretar estado de emergencia o de estado de sitio por un plazo indeterminado o fuera del plazo que establece la Constitución".
Cabe señalar que las reformas políticas y electorales que la Comisión de Constitución dictamine, deberán ser elevadas al Pleno del Congreso para su aprobación. Dichas reformas - según señaló el abogado en derecho electoral, Roy Mendoza - podrán ser aprobadas hasta un año antes de las elecciones, es decir, hasta abril del 2023, si es que el proyecto es ratificado en la siguiente legislatura que inicia en febrero del próximo año.
Dada esta situación, el Pleno del Congreso tiene poco más de dos meses para aprobar reformas que deberán ser acatadas por los partidos políticos que participen en los comicios previstos para abr (Fuente RPP Noticias)
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