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Huaraz en Línea.- Escolares del nivel secundario de cuatro provincias de la región Áncash participarán este martes 14 de diciembre del II Conversatorio Nacional Virtual denominado “Auditores Juveniles fortaleciendo la legalidad e integridad como agentes de cambio”, con el que se busca generar espacios de participación ciudadana e intercambiar experiencias con la finalidad de difundir y enriquecer las acciones del programa de Auditores Juveniles para contribuir al desarrollo de una cultura de la legalidad e integridad.
Doce alumnos representarán a la población estudiantil de Áncash en este espacio de participación ciudadana. Entre los colegios que participarán se encuentran la Institución Educativa (I.E.) San Pedro (Corongo), la I.E. 88156 - San Agustín (Pallasca), I.E. 86002 - Jorge Basadre Grohman (Huaraz – Independencia), y la I.E. Inmaculada de la Merced (Santa- Chimbote).
A nivel nacional, 258 estudiantes de educación secundaria, acompañados por sus padres, participarán del II Conversatorio Nacional; así como, 98 docentes y 54 especialistas de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local, y 26 representantes de Direcciones y Gerencias Regionales de Educación.
La actividad se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana de la Contraloría General y se desarrollará a partir de las 2:00 p. m. a través de la plataforma virtual zoom; asimismo, será transmitida a través de Facebook live. En este espacio se expondrán los logros obtenidos durante el presente año con las veedurías realizadas a programas como Aprendo en Casa, propaganda electoral, entrega de Tablets y material educativo, así como accesibilidad y ciclovías. Durante el 2021 el Programa de Auditores Juveniles desarrolló 17435 veedurías escolares en la región Áncash.
El programa de Auditores Juveniles que promueve la Contraloría General está dirigido a estudiantes de instituciones educativas públicas, y busca promover valores éticos, cívicos e impulsar una cultura democrática y de integridad; para contribuir al fortalecimiento del control social y fomentar el buen uso de los bienes y servicios públicos, como una medida preventiva en la lucha contra la corrupción.
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