Huaraz en Línea.- La Contraloría General de la República evidenció que la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo pagó por la elaboración del plan de cierre de la Planta Concentradora de Minerales Mesapata, ubicada en el distrito de Catac (Recuay), a pesar de que los entregables no cumplían con los componentes requeridos en los términos de referencia ni las condiciones técnicas exigidas, lo que ocasionó un perjuicio por S/ 83 187.

La planta concentradora de minerales, bajo la administración de la universidad, prestó servicios a pequeños productores para la recuperación de minerales como cobre, zinc, plomo-plata, actividad que generó relaves, gases y efluentes que a la fecha se encuentran expuestos y sin tratamiento.

 En el Informe de Control Específico n.° 005-2026-2-0213-SCE, cuyo periodo de evaluación abarca desde agosto del 2016 a febrero de 2026, se indica que la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo contrató, en marzo del 2019, los servicios de una consultoría para elaborar el plan de cierre que contemplaba la entrega de un plan de trabajo y su expediente técnico.

 Con relación al plan de trabajo, se determinó que no contenía los componentes requeridos en los términos de referencia como metodología, cronograma de actividades para la ejecución de la consultoría, metodología para los estudios básicos e ingeniería del proyecto, así como información relacionada a la participación ciudadana.

 Asimismo, el expediente técnico del plan de cierre no contaba con documentos como el establecimiento de la forma del terreno, el cronograma físico, las garantías financieras, los cronogramas y presupuesto para la rehabilitación progresiva y final, entre otros. Es decir, contravenía el Reglamento para el cierre de minas; aun así, la entidad pagó el 90 % (S/ 83 187) del total del contrato (S/ 92 430) por ambos entregables.

 Estas omisiones vulneraron la adecuada elaboración del mencionado plan e imposibilitaron que la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) apruebe dicho instrumento de gestión ambiental. A pesar de los plazos y ampliaciones otorgados entre el 2021 y 2025, el consorcio no levantó las observaciones, por ello, en febrero de 2026, la DREM declaró en abandono el procedimiento para la aprobación del plan de cierre de la mencionada planta.

 Tres docentes nombrados, que en aquel entonces ocupaban cargos directivos en la universidad, tendrían presunta responsabilidad civil. Por ello, el informe fue derivado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República a fin de determinar las responsabilidades que correspondan. Los ciudadanos pueden acceder al contenido del documento a través del Buscador de Informes de Control.