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Huaraz en Línea.- Uno de los casos cuyas investigaciones se encuentran entrampadas es el del asesinato de Ezequiel Nolasco Campos, esto debido a que los cuatro procesados por la muerte del exconsejero regional de Áncash (Christian Cruzate Pereda, Jorge Malca Valdivia, Juan Garay Obregón y Rubén Moreno Olivo) ahora lo niegan todo o simplemente no contestan a las interrogantes de los fiscales.
Según la publicación de hoy del diario la Republica esta decisión de los implicados de guardar silencio se estaría haciendo para hundir las investigaciones y de esta manera salvar al expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien también está comprendido en las investigaciones y por lo cual se encuentra preso en el penal de Piedras Gordas.
Ante esta situación el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Crimen Organizado, Manuel Castro Sánchez, ha resuelto pedir a la Sala Penal Nacional una ampliación de 60 días más para recabar más evidencia incriminatorio contra los autores intelectuales, César Álvarez y Luis Arroyo.
A continuación les presentamos lo que publica La Republica al respecto:
Los hechos
El asesinato de Ezequiel Nolasco está íntimamente relacionado con el crimen de Roberto Torres Blas, hijo político de Nolasco. El 20 de julio de 2010, Torres murió al intentar defender a su padrastro cuando dos sicarios ingresaron en su vivienda para ejecutarlo. Durante las investigaciones, se determinó que uno de los que organizaron el frustrado homicidio de Nolasco fue Rubén Moreno Olivo, alias "Goro", reclutado por Carlos Palacios, guardaespaldas del entonces alcalde del Santa, Luis Arroyo, brazo derecho de César Álvarez.
Ahora "Goro" y Arroyo han reaparecido en el caso de la muerte de Nolasco, el 14 de marzo de 2014. La vinculación entre estos personajes es más que evidente. En enero de este año, la Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria del Santa absolvió a todos los implicados en el crimen de Roberto Torres, entre los que se encontraban Luis Arroyo y "Goro". ante la serie de irregularidades, la defensa de Nolasco apeló y logró que el expediente fuera trasladado a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por César San Martín Castro. El fallo de dicha sala está pendiente.
Por el caso "La Centralita", el presunto centro de espionaje de César Álvarez, el fiscal del caso, Marco Huamán Muñoz, ante la aparición de más implicados, requirió una ampliación de 36 meses para cumplir con las diligencias. Solo le aceptaron 18 meses. Recién concluiría sus labores en abril de 2016. Este proceso tiene para rato (aquí también está implicado Martín Belaunde Lossio, cuyo caso será tratado en la edición de mañana).
Más avances se observan en los casos por presunta corrupción en obras públicas. La gestión de César Álvarez es investigada por aproximadamente 50 casos de operaciones ilegales con recursos públicos.
De estos casos de licitaciones corruptas, las autoridades han avanzado en dos casos emblemáticos: la construcción del coliseo cerrado de Chimbote por 40 millones de soles y el mejoramiento y reconstrucción de la avenida José Pardo, también en Chimbote, por 37.5 millones de soles. Otro hecho escandaloso es la adquisición sobrevalorada de ambulancias por 16.9 millones de soles.
El fiscal provincial del Santa, Carlos Franco Alzamora, encargado de la investigación, imputa a una veintena de funcionarios de la región Áncash –incluido César Álvarez– haber adelantado el 60 por ciento de los 40 millones acordados para la ejecución de la obra a la Corporación Salem. No obstante, la compañía –representada por Anamelba Jacay Peña y Luis Torres Tuanama– solo había avanzado un 10 por ciento del proyecto.
Por añadidura, las autoridades de la Región Áncash aceptaron de la Corporación Salem dos Cartas Fianza de Coopex por 2.7 millones de soles, la empresa de Rodolfo Orellana Rengifo que no estaba autorizada para extender dichos documentos de garantía.
En el caso de las obras en la avenida José Pardo de Chimbote, en el que se detectó un pago en exceso de 4.1 millones de soles a favor del Consorcio Pardo –representado por Enrique Pugliese Paredes y Carlos Enrique Cabrera–, la investigación está en manos de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa.
Están implicados César Álvarez y una docena de funcionarios de la Región Áncash, además de los representantes del Consorcio Pardo. Sin embargo, la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado la inclusión en el caso del ex alcalde del Santa Luis Arroyo Rojas por el presunto delito de colusión.
Por si fuera poco, en este caso también metió la mano la mafia de Orellana.
Las autoridades encontraron que el Consorcio Pardo presentó Cartas Fianzas de Coopex por más de 10 millones de soles como garantía por su participación en las obras de la avenida Pardo. Coopex no contaba con fondos.
Respecto a la compra de 79 ambulancias por 16.9 millones de soles, las autoridades han validado el peritaje de la Contraloría General de la República que confirman que existió sobrevaloración de precios de por lo menos 3 millones de soles.
El mismo peritaje señala que los vehículos no son útiles para funcionar como ambulancia porque ponen en riesgo la vida de los pacientes. Son la muerte.
Benítez y Crisologo involucrados
A los parlamentarios Heriberto Benítez y Luis Crisólogo se les atribuye haber formado parte de la organización que encabezaba César Álvarez Aguilar, por lo que en el Congreso está pendiente de respuesta la solicitud del Poder Judicial para levantar la inmunidad parlamentaria a ambos.
Asimismo a estos padres de la patria de Áncash se les acusa de haber sido intermediarios para que en el 2011, el entonces fiscal superior Hugo Farro Murillo denunciara y despidiera a 3 fiscales anticorrupción que intervinieron en 'La Centralita'.
(Fuente: La Republica)
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