Procuraduría Anticorrupción halla pruebas de desvíos de fondos ordenados por Álvarez

Huaraz en Línea.- Aunque el fiscal provincial, Marco Huamán, encargado de las investigaciones sobre las irrgularidades en Áncash, no ha podido reunir pruebas contundentes para demostrar pagos ilícitos por obras públicas en nuestra región, la Procuraduría Anticorrupción, a cargo de Christian Salas, si las ha conseguido.

Según señala hoy el diario La República, la Procuraduría ya obtuvo evidencia documental de la modalidad en que funcionaba la sustracción de fondos. Existen comprometedoras resoluciones del presidente regional autorizando irregulares desvíos de fondos. Luego de que una obra era licitada y el contrato de adjudicación suscrito, Álvarez rebajaba sustantivamente el monto aprobado y lo transfería a un nuevo proyecto. Esta segunda obra era licitada, adjudicada, y sufría un recorte presupuestal para hacer una tercera. Y así sucesivamente.

El resultado fue numerosos proyectos desfinanciados y una bolsa muy grande de dinero para uso libre de la administración regional. Todo con la firma de Álvarez. Los documentos que demuestran su incriminación deben ingresar al expediente en las próximas semanas. El caso emblemático es el hospital La Caleta, nunca construido, cuyo presupuesto de 177 millones de soles, bajó a 59 millones, y terminó en siete mil. El único gasto, un viaje de inspección, exhibe facturas adulteradas.

Mientras tanto subsiste el conflicto de intereses que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debe resolver, referido a razonables pedidos de abstención, mientras duren sus respectivas investigaciones,  de los fiscales supremos Carlos Ramos y José Antonio Peláez, el primero a cargo del Ministerio Público. Estos pedidos, que proceden de la sociedad civil de Chimbote, del congresista Modesto Julca y del Instituto de Defensa Legal, entre otros, crecerán como la espuma conforme la situación se siga congestionando, lo que parece inevitable.  El CNM, en buena medida culpable de lo que ocurre en el Ministerio Público, está entrampado por conflictos de distinta índole, que impedirían actuar en el caso a la mayoría de sus integrantes.

Por otra parte, ¿qué hará Ramos con la solicitud de la Procuraduría para excluir a Marco Huamán? Christian Salas arguye que debe resolverla un magistrado distinto al fiscal supremo coordinador de fiscales supraprovinciales, Gustavo Quiroz, a quien precisamente ha pedido investigar. Le atribuye haber llevado a Huamán a entrevistarse indebidamente con Figallo y la inobservancia de procedimientos regulares para trasladar a Lima el caso "La centralita". En algún momento quiso romper una puerta para llevarse el expediente. Desde luego, el Ministerio Público puede denegar estos requerimientos. Hasta quizá tengamos noticia de una segunda cita con un ministro de Estado.  (La Republica)