Huaraz en Línea.- El abogado penalista Julio Rodríguez analizó la situación legal de Maricsa Polet Alfaro Cerna, la conductora que atropelló al vigilante Juan Martínez Torres en el sector Las Palmas del Golf, en Trujillo.

El jurista explicó que el juez actuó conforme a ley al disponer la liberación de la acusada, debido a que el Ministerio Público no solicitó una medida de prisión preventiva.

“Si el juez no la pone en libertad, comete el delito de detención ilegal”, señaló en La Rotativa del Aire de RPP.

Al ser consultado sobre las razones por las que la Fiscalía no requirió prisión preventiva contra la conductora, el abogado consideró que dicha medida era innecesaria.

“Si la persona se somete a la justicia, no representa peligro de fuga, tiene los arraigos correspondientes y no puede perturbar la actividad probatoria porque ya se recabó toda la información, la regla, por muy grave que sea el delito, es la libertad. La prisión preventiva es la excepción de la excepción”, afirmó.

Proceso inmediato y posible condena

Rodríguez destacó que, ante la contundencia de las pruebas, el Ministerio Público deberá solicitar la incoación de un proceso inmediato. Explicó que esta figura legal evita que la investigación se prolongue innecesariamente cuando existen elementos claros de convicción.

Según el penalista, el delito de lesiones imprudentes bajo los efectos del alcohol contempla una pena de entre cuatro y seis años de prisión.

Asimismo, estimó que, debido a las características del proceso inmediato, la sentencia y la fijación de la reparación civil podrían definirse en un plazo máximo de 10 a 15 días en una sola audiencia.

Respecto a la licencia de conducir vencida de la acusada, el especialista aclaró que ello generará consecuencias administrativas, lo que probablemente derive en la imposibilidad de renovar su brevete.

Investigación a efectivos policiales

Finalmente, el abogado también se refirió a la denuncia sobre el acta policial del accidente, en la que inicialmente se consignó que el vigilante sufrió lesiones tras “caerse de un techo”, omitiendo el atropello.

Sobre este punto, Rodríguez indicó que las autoridades competentes deberán determinar si se trató de un error material de los agentes al redactar el documento o si existió una intención deliberada de encubrimiento.

“Si no hay justificación alguna para haber consignado información falsa en un documento de carácter público, estamos ante la posibilidad de que estas personas (los policías) puedan ser procesadas penalmente”, concluyó.

(Fuente: RPP Noticias / Foto: captura de video)