Defensoría del Pueblo demanda revisión de las sentencias del juez Hinostroza en materia de delitos sexuales

Huaraz en Línea.- Frente a la grave crisis del Sistema de Justicia, que por su alcance y profundidad afecta la sostenibilidad del Estado Democrático de Derecho, evidenciada por el contenido de los audios difundidos y los actos jurisdiccionales que revelan presuntos hechos de corrupción y la aplicación de criterios jurisprudenciales que agravian los derechos de los ciudadanos, en particular de los niños y niñas, la Defensoría del Pueblo manifiesta lo siguiente:

1. Exigimos la inmediata revisión de todas las sentencias en materia de delitos sexuales contra menores de edad emitidas por la Sala que presidía el juez supremo César Hinostroza Pariachi, debido a que, mediante cuestionables criterios de interpretación, habría favorecido a los agresores y no cumplirían los estándares jurisprudenciales sobre cosa juzgada fijados por el Tribunal Constitucional.

2. Asimismo, debido a que la equivocada utilización de la figura penal denominada “error de tipo” genera impunidad al exonerar de responsabilidad penal a procesados por delitos de violación sexual de menores, demandamos al Poder Judicial que las causales que atenúan, eximan o desvirtúen la imputación sean acreditadas por el investigado, debiendo los jueces realizar una rigurosa valoración de tales alegaciones.

3. Así también, el tipo penal de violación de la libertad sexual, que afecta principalmente a las mujeres, presenta vacíos y deficiencias normativas, dado que se exige acreditar en todos los casos la violencia o amenaza para su configuración. Por ello, requerimos la inmediata promulgación de los Proyectos de Ley N° 1069/2016-CR y 2070/2017-CR, entre otros, aprobados por el Congreso de la República, dado que centran la violación sexual en la falta de consentimiento de la víctima más que en la violencia o amenaza.

Si bien las medidas que demandamos responden a la urgencia de corregir esta situación, debido a que afectan principalmente a las niñas y niños, la Defensoría del Pueblo reconoce que la crisis del Sistema de Justicia es de tal magnitud que no basta con la remoción de los magistrados y autoridades involucradas sino la implementación de cambios estructurales impostergables que requerirán un compromiso político de todos los poderes del Estado para ser efectivos.

La Defensoría del Pueblo propondrá en los próximos días un conjunto de medidas de aplicación y efecto inmediato que permitan el inicio de una verdadera reforma de la justicia.