Contraloría promoverá una cultura preventiva para evitar el mal uso de recursos públicos

 

“Vamos a impulsar que la Contraloría tenga una cultura preventiva que acompañe al gestor público para evitar el mal uso de los recursos públicos”, señaló Aguilar.

 

La auditoría se desarrolló en seis componentes, siendo el primero el de "cobertura y cumplimiento", que abarcó información de 2510 entidades públicas de los tres niveles de gobierno, empresas estatales y organizaciones que manejan recursos públicos. 

 

Esta cantidad representa el 99.3 % del total de entidades públicas (2527), con solo 17 en condición de omisas, entre las cuales nueve son empresas no operativas, tres están en proceso de liquidación, cuatro pertenecen al gobierno nacional y una es del gobierno local.

 

En cuanto al segundo componente, "Sector Público Consolidado", Aguilar detalló que se realizaron 446 auditorías a cargo del Sistema Nacional de Control, de las cuales 227 fueron financieras y 219 presupuestarias. Se auditó el 66.5 % del total de activos, el 78.6 % de los ingresos y el 74.4 % de los gastos. En lo que respecta a la información presupuestaria, se auditó el 66.2 % de la ejecución de ingresos y el 70.6 % de la ejecución de gastos.

 

Los auditores independientes emitieron una opinión con "salvedades" respecto a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2023 y una opinión "limpia" sobre los estados presupuestarios consolidados. 

 

Aguilar también reveló que los dictámenes de los auditores sobre los estados financieros de los pliegos incluidos en la Cuenta General de la República señalaron limitaciones, sobreestimaciones y subestimaciones por S/ 87,286 millones, que representan el 6.4 % del total de activos. 

 

“El estado financiero de la Sunat incluye cuentas por cobrar y otras cuentas por un total de S/ 6713 millones que no fueron validadas debido a restricciones en el acceso a la documentación de respaldo”, puntualizó.

 

Inversión pública y gasto social

 

En el tercer componente, Aguilar presentó el análisis de la inversión pública. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para la inversión pública en 2023 fue de S/ 69,717 millones, solo S/ 4 millones menos que en 2022. De este presupuesto, se ejecutaron S/ 52,567 millones, equivalente al 75.4%, quedando sin ejecutar S/ 17,150 millones (24.6%).

 

El gobierno nacional fue el que tuvo mayor eficacia en la ejecución de la inversión pública, con un 90.3 % (S/ 20,644 millones). En cambio, los gobiernos regionales ejecutaron el 78.2 % (S/ 10,563 millones) y los gobiernos locales solo el 61.7 % (S/ 17,912 millones). Aguilar destacó que esta baja ejecución por parte de los gobiernos subnacionales fue similar a lo ocurrido en 2021 y 2022.

 

En cuanto al gasto social, Aguilar informó que en 2023 este ascendió a S/ 113,328 millones, "lo que representa un incremento del 3.1 % en comparación con el año anterior". Sin embargo, la distribución de este gasto no estuvo alineada con los criterios de pobreza y pobreza extrema. 

 

Lima Metropolitana concentró el 34.3 % del gasto social (S/ 38,835 millones), mientras que los cinco departamentos más pobres del país (Cajamarca, Loreto, Pasco, Puno y Huancavelica) recibieron solo el 14.3 % del total. 

 

Aguilar subrayó que "esto refleja un retroceso en los indicadores sociales, ya que en 2023 había 9.8 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 1.9 millones se encontraban en pobreza extrema". También señaló que, pese al crecimiento del gasto social desde 2021, este no ha sido suficiente para frenar el deterioro de la situación social del país.

 

Entre las recomendaciones, Aguilar sugirió al Congreso "evaluar la normativa sobre la reserva tributaria de la Sunat para permitir una mayor transparencia en la auditoría de sus registros financieros". Asimismo, recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) "establecer mecanismos para analizar el gasto social y las finanzas públicas con un enfoque en resultados".

 

Finalmente, Aguilar hizo un mea culpa respecto al rol de la Contraloría en la paralización de obras públicas. “Parte de esta paralización se debe también a un indebido acompañamiento por parte de la Contraloría en años anteriores”, concluyó. ( Fuente: Andina)