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Huaraz en Línea.- La secretaria de Integridad Pública, Susana Silva, sostuvo hoy que la obligatoriedad para presentar la declaración juarda de intereses debe extender a todos los funcionarios del sector estatal que tienen capacidad de decisión y manejo de recursos públicos.
En una entrevista con el Diario Oficial El Peruano, la funcionaria de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) revela que el Gobierno trabaja para que este mecanismo de transparencia y prevención no se quede solo en el Ejecutivo.
Más de 11,200 funcionarios registraron su declaración jurada de intereses, ¿es una cifra que está dentro de los cálculos o se puede aspirar a más en este tiempo del proceso?
–En primer lugar, quiero señalar que el Decreto Supremo Nº 080 del 2018 estableció la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas de intereses. Esto es algo inédito, porque en nuestro país, no obstante las recomendaciones que distintos organismos internacionales habían formulado, no se había hecho.
El año pasado, el presidente Martín Vizcarra expidió este Decreto Supremo 080 y se obligó a los funcionarios de confianza, a los que tienen poder de decisión y a los que manejan recursos en el Poder Ejecutivo [a cumplir con este mecanismo].
Teníamos, efectivamente, más de 11,200 declaraciones juradas, pero hoy [ayer] ya llegamos a 11,350. Todos los días va aumentando un poco porque hay algunas entidades que han sufrido algunas dificultades y demoras, también por el DNI electrónico. Pero, más allá de los funcionarios del Ejecutivo, nosotros aspiramos a que esta cantidad sea muchísima mayor.
–¿Cómo se logrará este objetivo?
–Estamos invitando a los gobiernos regionales y a otros organismos constitucionalmente autónomos a que también asuman esto como una buena práctica.
Por ejemplo, el Gobierno Regional de La Libertad dispuso, mediante un decreto regional, la obligatoriedad de sus funcionarios de presentar la declaración jurada, que la harán bajo la PIDE [Plataforma de Interoperabilidad del Estado].
Dentro de dos semanas se une el Gobierno Regional de Lambayeque, se están comunicando desde el Gobierno Regional de Ayacucho, del Cusco; de distintas regiones que quieren contar con esta plataforma informática. Y esto es sumamente bueno.
Al mismo tiempo, hay municipios que también nos están pidiendo información y estamos coordinando con ellos. Entonces, el número será bastante mayor a lo que tenemos hoy.
Pero la voluntad del Gobierno no es solo quedarnos con las declaraciones juradas del Ejecutivo, lo que buscamos es que la obligatoriedad se extienda a todo el aparato público. Todos los funcionarios que tenemos capacidad de decisión y manejo de recursos debemos declarar los intereses que representamos.
–¿El funcionario ya está tomando conciencia de la importancia de presentar su declaración jurada de intereses como parte de la cruzada anticorrupción?
–Sí. Cada vez más hay una conciencia de que los funcionarios manejamos recursos del Estado, nos debemos a la ciudadanía y, por lo tanto, debemos ser totalmente transparentes con lo que tenemos, pero también con lo que representamos.
Por eso, la declaración jurada de intereses es sumamente importante porque en ese documento lo que daré cuenta a la ciudadanía es en dónde trabajé antes, cinco años atrás, a qué empresas pertenezco o estoy vinculada, sea porque tengo acciones, una representación o lo que fuera.
También cuáles son los intereses políticos partidarios, cuáles son, por ejemplo, las asociaciones a las cuales pertenezco y finalmente quiénes son mis familiares del entorno más cercano.
–¿Por qué es importante esta información?
–Sabemos que en el ámbito administrativo hay normas que no permiten que una empresa que está vinculada a un funcionario sea contratada por la entidad en la cual labora. Eso, por ejemplo, constituye un conflicto de interés. Lo que se busca con la declaración jurada es justamente visibilizar esto, que puedan existir intereses.
Recordemos casos como el de un viceministro, cuya empresa, a la cual había pertenecido y en la que todavía mantenía alguna representación de acciones, fue contratada por la entidad para un servicio.
Eso está prohibido por la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, ¿cómo pueden los ciudadanos y los medios de comunicación fiscalizar mejor? Bueno una oportunidad es esta, saber exactamente con quiénes tiene algún tipo de vinculación el funcionario, con qué tipo de empresas.
Puesto que para nosotros es importante que esta información sea pública a efectos de que haya una mejor fiscalización, cualquier ciudadano puede acceder a la plataforma de declaraciones juradas que es https://dji.pide.gob.pe.
Acá, se puede ingresar a todas las declaraciones juradas, pero también se puede acceder por medio del portal de transparencia estándar de cada entidad. El objetivo es generar y promover que haya fiscalización, control social, que los medios de comunicación estén mirando, que nos ayuden a vigilar mucho mejor.
–Usted pidió a la población verificar estas declaraciones juradas. ¿Es una forma también de involucrar a los peruanos en la lucha contra la corrupción?
–Así es. Cada vez más los ciudadanos tienen que ser y sentirse partícipes no solo de la forma en que se gestiona, sino también en los mecanismos de control.
Ello supone que estén atentos, que revisen y puedan reportar alguna situación irregular, lo que obviamente es aplicable también a los medios de comunicación que constituyen una fuente muy valiosa para nosotros de información, sobre la que hay que adoptar medidas correctivas.
–El Ejecutivo trabaja un proyecto de ley para obligar a todos los niveles de gobierno para que se realicen estas declaratorias. ¿Qué características tendría la norma?
– Todavía no hemos definido si será un proyecto de ley o tal vez un decreto supremo. Estamos viendo la forma, pero sí, la idea es que este mecanismo de prevención sumamente importante no esté limitado al Ejecutivo. Nosotros hemos dado el ejemplo, el primer paso y estamos diciendo no hay que temerle a la transparencia de la información. Se puede ver la declaración jurada del propio Presidente de la República, de todos los ministros, viceministros, secretarios generales, funcionarios, y no hay nada que temer. Con este primer paso buscamos dar el ejemplo y decir hay que seguir en esta misma línea, y por eso queremos extender los alcances a todo el aparato público.
–La declaración jurada le pude dar más tranquilidad al funcionario, es un mecanismo de prevención…
–Así es. Este es un mecanismo de prevención de la corrupción y, por lo tanto, de incrementar los niveles de integridad.(Publicado en diario oficial El Peruano)
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