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Huaraz en Línea.- Arequipa.- La Contraloría General de la República (CGR) lidera la buena práctica de transparencia y lucha contra la corrupción al implementar la presentación de las Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses, a fin de prevenir que actividades, relaciones o situaciones personales, familiares, laborales, económicas y/o financieras afecten la independencia y objetividad en la labor fiscalizadora de quienes integran el Sistema Nacional de Control.
Durante su exposición en el Congreso Internacional Anticorrupción, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el contralor general Nelson Shack, sostuvo que funcionarios y servidores públicos de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control (SNC), ya han iniciado la presentación integral de sus declaraciones, cuyo plazo vence el 31 de diciembre.
Shack Yalta dio a conocer que esta buena práctica comprende a 7 mil 500 trabajadores de la CGR y del SNC, entre funcionarios y servidores públicos, independientemente del cargo, nivel jerárquico o función que desarrollen.
La presentación se realiza mediante un aplicativo informático, cuya información se transparentará a la opinión pública en campos específicos, dado que algunos de los contenidos de los reportes tienen carácter público y otros confidenciales. Esta buena práctica también debe ser extendida a todo el sector público, invocó Shack Yalta durante su exposición, ya que contribuye a la lucha contra la corrupción, a través de la demostración de la transparencia y conducta ética de los servidores públicos.
Innovación
Cabe señalar que la presentación de las Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses es una medida innovadora y de profunda importancia a nivel del sector público peruano, y se fundamenta en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), sobre principios de transparencia, responsabilidad y buenas prácticas para evitar conflictos de intereses y corrupción interna.
Del mismo modo, se sustenta en la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, que exige a los funcionarios y servidores públicos actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, encontrándose prohibidos de mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento y deberes de las funciones a su cargo.
Avance de transferencia de gestión pública
El Contralor General aprovechó su visita a Arequipa para dar a conocer el avance del proceso de transferencia de gestión pública que llevan adelante las autoridades regionales, provinciales y distritales, entrantes y salientes, y recordó que todos tienen la obligación de cumplir con esta disposición a efectos de garantizar la continuidad de los servicios y obras en beneficio de la ciudadanía arequipeña.
En Arequipa, el nivel de cumplimiento de la primera fase de transferencia es del 93.64%, pues de un total de 110 entidades obligadas a este proceso, 103 cumplieron de manera óptima, tres lo hicieron parcialmente y cuatro no presentaron la documentación requerida. Cabe indicar que dicho porcentaje de presentación representa el 98.96% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la región Arequipa.
Los que incumplieron con presentar la información a la Contraloría son las comunas distritales de Bella Unión (provincia de Caravelí), Viraco (Castilla), Tomepampa y Pampamarca (ambos de La Unión); mientras que los tres municipios que cumplieron de manera parcial son: Chala (Caravelí), Andagua y Ayo (Castilla).
De acuerdo al cronograma del proceso de transferencia, las autoridades salientes tienen plazo hasta el 27 de diciembre para entregar el informe a sus sucesores y elaborar el acta, donde pueden señalar las observaciones y absolución de las mismas. Además, la autoridad saliente tiene que remitir la misma información a la Contraloría.
Shack Yalta explicó que la Contraloría General ha mostrado un significativo avance en el proceso de cambio integral de la institución, iniciado con énfasis desde abril de este año tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, precisando que estas reformas se concretarán antes del Bicentenario de la Independencia del Perú.
Un aspecto relevante del fortalecimiento de la Contraloría General ha sido la absorción y control de los Órganos de Control Institucional (OCI). Muestra de ello es que hoy en día disponemos de OCIs que están siendo dirigidas por funcionarios de la CGR (y no de la entidad) en todas y cada una de las provincias del Perú.
De igual forma, destacó una de las conclusiones de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAII 2018, llevada a cabo en Lima el 6 y 7 de diciembre pasado, y que precisamente- instaba a avanzar en una mejor gobernanza para fortalecer nuestra democracia mediante el aseguramiento de la rendición de cuentas como una de las mejores formas de prevenir que los extremismos políticos terminen socavando o incluso acabando con nuestras democracias.
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