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Huaraz en Línea. – El Poder Judicial informó que ordenó el levantamiento de toda la información contenida en el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo Terrones, en el marco de las pesquisas por el supuesto ‘gabinete en la sombra’ que se habría conformado durante su mandato.
Además, en el expediente 00005-2023-7-5001-JS-PE-01 se incluye el mismo pedido sobre la información financiera de los exministros del gobierno castillista Juan Francisco Silva Villegas (Transportes) y Geiner Alvarado López (Vivienda).
La orden judicial fue emitida por el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
El mandato está dirigido para que tanto la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) como las administradoras de fondos de pensiones procedan con la entrega de todo el secreto bancario de los implicados, en un plazo no mayor a los 30 días hábiles.
Es decir, que la fecha límite para dicha entrega será a más tardar el viernes 29 de diciembre del 2023.
Esta medida se toma a partir del pedido del fiscal supremo el 29 de agosto de 2023, en el marco de las diligencias requeridas en el proceso de investigación preparatoria sobre los presuntos actos de corrupción relacionados con irregularidades ocurridas dentro del Ministerio de Vivienda, Petroperú y la concesión del puente Tarata.
La Fiscalía fue precisa en solo solicitar la información financiera de los investigados generada del 12 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2022.
Entre prófugos y presos
Y mientras que el expresidente Pedro Castillo se encuentra recluido en prisión preventiva en el penal de Barbadillo y el exministro Geiner Alvarado en el penal de Castro Castro, el exministro Juan Silva Villegas continúa prófugo de la Justicia desde junio de 2022.
Contra los tres pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses, que es el tiempo máximo que la primera etapa de investigación preparatoria, por casos de organización criminal, puede durar.
No obstante, contra Pedro Castillo pesan otros 18 meses de prisión preventiva más por las investigaciones acerca del golpe de Estado que dio hace casi un año.
Sobre el caso, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que Castillo Terrones habría liderado una presunta red criminal que tenía como objetivo copar al Estado con personas de su entorno más cercano con la finalidad de beneficiarse económicamente a través del otorgamiento de licitaciones públicas.
De acuerdo con la tesis fiscal, habrían existido diversos brazos de acción “en la sombra” que habrían apuntado a lograr las buenas pro de diversos proyectos de concurso público.
En ese sentido, se les investiga por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado, y colusión.
Mandato judicial
Superintendencia de Banca y Seguros deberá remitir al juzgado toda la información financiera en 30 días hábiles. (Fuente: La República)
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