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Huaraz en Línea. – Al menos 16 congresistas tienen denuncias pendientes ante la Fiscalía y la Comisión de Ética por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de su función legislativa.
De ellos, el excongresista Freddy Díaz cumple 9 meses de prisión preventiva por el presunto caso de violación sexual en agravio de una extrabajadora de su despacho, que habría ocurrido el año pasado dentro de las instalaciones legislativas del Centro de Lima.
El parlamentario Enrique Wong (exintegrante de Podemos Perú) fue suspendido en el ejercicio del cargo y con descuento de sus haberes por 120 días, con 65 votos a favor, 28 en contra y 24 abstenciones, por presunto delito de tráfico de influencias, al recomendar ante el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva a su exasesor Manuel Talavera Valdivia para que asuma la presidencia del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).
Y, pese a que en el Congreso hubo una sanción mínima, con una sensación de blindaje, a los congresistas denominados ‘mochasueldos’, la Fiscalía de la Nación sigue la investigación a las parlamentarias acusadas como presuntas autoras del delito de concusión, por supuestos cobros irregulares que habrían realizado a los trabajadores de su despacho.
El primer caso fue el de Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), acusada por Carlos Marina Puscán de cobrarle S/1.500 mensuales por laborar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, mesa de trabajo que era presidida por ella.
También está la parlamentaria Katy Ugarte (no agrupada), quien habría recortado los sueldos de los trabajadores de su despacho para pagar publicaciones en prensa que mejoren la imagen de la legisladora en su región, Cusco, según reveló el programa periodístico ‘Cuarto poder’.
En el caso de la legisladora Rosio Torres (Alianza para el Progreso) fue denunciada en el programa ‘Punto final’ por haber obligado a cinco trabajadores de su despacho a depositar parte de sus salarios a su sobrino.
A las congresistas María Acuña (Alianza para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú) y María del Pilar Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) la Fiscalía de la Nación también les abrió investigación preliminar como presuntas autoras del delito de concusión por los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho.
También por el recorte de sueldo a sus trabajadores para supuestas donaciones, la Procuraduría General del Estado presentó denuncia ante la Fiscalía contra los congresistas José Arriola (Acción Popular) y Edgar Tello (Bloque Magisterial de Concertación Nacional).
En el caso de Tello, el programa ‘Punto final’ reveló que Sonia Suárez, esposa del congresista, habría financiado su viaje a Alemania con dinero del personal del despacho de su conyugue.
Más investigaciones
Otros que habrían cometido delitos en el ejercicio de su función legislativa son los congresistas Betssy Chávez (expremier que actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva) y Roberto Sánchez, investigados por el presunto golpe de Estado de Pedro Castillo.
Además, la Fiscalía de la Nación recabó información en el Congreso sobre los documentos y comprobantes que presentaron Javier Padilla (Renovación Popular), Silvana Robles (Perú Libre) y Raúl Doroteo (Acción Popular), quienes son investigados por pedir irregularmente reembolsos de gastos en combustible durante días que no cumplían sus funciones como parlamentarios.
Según el Ministerio Público, ellos habrían presentado esos documentos “para que se les reembolse el monto de dinero presuntamente gastado por concepto de combustible, en distintas oportunidades, entre mayo de 2022 y febrero de 2023”.
Un caso pendiente es el de Digna Calle (Podemos Perú). En la Comisión de Ética del Congreso de la República se aprobó denunciar de oficio a la parlamentaria con 13 votos a favor y una abstención. Ella se encuentra en Estados Unidos desde hace más de cuatro meses, pero participa en las votaciones que realiza la representación nacional.
Archivan casos
Cabe precisar que en el caso de ‘Los Niños’, los parlamentarios también fueron investigados por presuntos delitos cometidos en este periodo legislativo, pero la Fiscalía emitió una disposición en la que se concluía que no había mérito para investigar a los 40 congresistas involucrados, argumentando que no habían encontrado pruebas de las declaraciones de Zamir Villaverde, quien aseguró haber pagado US$3.500 a varios legisladores para evitar la censura del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.
Hay otro grupo de parlamentarios que tienen investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos antes de asumir su labor legislativa, pero no es materia de este informe. Uno de ellos es Jorge Flores Ancachi (AP), quien tiene pedido de 10 años de prisión.
El dato
Desfile. ‘Los Niños’ y los ‘mochasueldos’ son los casos más sonados, pero hemos asistido a un desfile de congresistas investigados por Fiscalía por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, usurpación, estafa y lavado de activos. (Fuente: La República)
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