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Miércoles, 11 Diciembre 2024 - 10:30pm
Huaraz en Línea.- El dictamen que propone que los bienes dados de baja por las instituciones públicas pasen también a favor a los establecimientos de salud y a las familias que dependen de la agricultura familiar de zonas de extrema pobreza.
La propuesta modifica los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 27995, Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las instituciones públicas, a favor de los centros educativos de las regiones de extrema pobreza.
Así se precisa que los bienes muebles de propiedad estatal dados de baja por causal de estado de excedencia, conforme a las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, se destinan a las instituciones educativas y establecimientos de salud públicos y a las familias que dependan de la agricultura familiar regulada en la Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, de las zonas de extrema pobreza.
Las instituciones educativas y los establecimientos de salud públicos, así como las familias que dependen de la agricultura familiar de zonas de extrema pobreza, de acuerdo con el mapa de pobreza elaborado por la entidad competente, que tengan interés en obtener los bienes dados de baja, deben formular su requerimiento ante la entidad titular de los bienes.
Para ello, tienen un plazo de treinta días hábiles siguientes de la publicación virtual de la resolución en el portal web de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Vencido este periodo, la entidad podrá disponer de dichos bienes conforme a las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
El dictamen fue sustentado por la congresista Mery Infantes Castañeda (FP), vicepresidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, quien dijo que este no exonera al Estado de su obligación de dotar a los centros educativos y centros de salud estatal o la agricultura familiar del mobiliario necesario para el desarrollo adecuado de sus actividades.
En tanto, la legisladora Edhit Julon Irigoin (APP) señaló que su proyecto de ley permite simplificar los trámites burocráticos por lo que hasta ahora las diferentes instituciones públicas tenían que emitir informes técnicos para ceder bienes en beneficio de la población.
La propuesta fue exonerada de segunda votación con 107 votos. (Fuente: Andina)
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