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Huaraz en Línea. – El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sostuvo que el objetivo principal de la norma 5635/2023-PE “Ley de Fortalecimiento de la Función de Integridad en el Sector Público, es estandarizar una estrategia nacional de prevención en este tema.
Durante la sustentación de la propuesta del Poder Ejecutivo ante la Comisión de Descentralización del Congreso, Otárola Peñaranda aclaró que no se trata de crear una entidad nueva, sino de instalar un sistema de integridad en el aparato estatal con la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En esa línea indicó que toda institución del Estado tendría una oficina de integridad, cuyas atribuciones no tendrán relación con las labores de la Contraloría ni de la oficinas de control institucional.
"El objetivo principal de este proyecto es estandarizar una estrategia nacional y fortalecer el enfoque de prevención en temas de integridad", subrayó Otárola.
Además, sostuvo que el país requiere el reforzamiento de la función de integridad para avanzar en nuestro camino para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, que está proyectado para 2026 o 2027.
Mencionó que el modelo de integridad en el Estado fue establecido mediante decreto supremo en el 2018 y lo que se requiere con el proyecto de ley presentado es elevar su rango a nivel de ley.
El titular de la PCM expresó su confianza en que el Parlamento no negará su apoyo a una norma orientada a combatir la corrupción, un flagelo que afecta la prestación de buenos servicios públicos y aumenta la desconfianza de la ciudadanía en sus actores políticos.
Ordenamiento territorial
En cuanto al proyecto de ley 5723/2023-PE “Ley de Ordenamiento Territorial y Creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial”, Otárola Peñaranda explicó que la propuesta busca establecer una rectoría sobre ordenamiento territorial a través de la PCM.
Advirtió que en la actualidad existe confusión sobre la asignación de roles respecto al ordenamiento territorial, lo cual genera, por ejemplo, que un municipio autorice edificaciones en zonas vulnerables ante desastres naturales.
Es más, recordó que en el país no se tiene la definición de ordenamiento territorial con el fin de evitar que poblaciones se instalen en quebradas o cauces de ríos.
Por ello, indicó, el Poder Ejecutivo propone la asignación de roles claros en los tres niveles de gobierno, así como fortalecer la participación de la sociedad civil y sector privado para tener un territorio menos vulnerable.
El jefe del gabinete ministerial recordó que para avanzar en la aprobación de estos temas funciona hacer mesas técnicas con especialistas y asesores de los parlamentarios y los técnicos del Poder Ejecutivo. (Fuente: Andina)
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