Huaraz en Línea. - Una iniciativa legislativa presentada por el Congresista Juan Burgos (Unidad y Diálogo Parlamentario) propone la eliminación del financiamiento público directo a los partidos políticos.
El proyecto de ley busca con la eliminación del financiamiento público directo, evitar el uso incorrecto de fondos del erario nacional y fortalecer, con ello, la gestión pública.
En tal sentido, se deroga el Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios aprobado mediante Resolución Jefatural 001669-JNE/ONPE, así como, el artículo 29 de la Ley de Partidos Políticos, y, cualquier otra norma que contravenga dicha propuesta.
Asimismo, en su disposición final complementaria establece que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, "establecen de manera urgente mecanismos y herramientas para supervisar eficazmente el financiamiento privado de los partidos políticos".
En la exposición de motivos, refiere que existen varios argumentos para la eliminación del financiamiento público directo, entre los que se encuentran:
1. La contratación del personal es, por decir lo menos, incorrecta, pues se utiliza el dinero para contratar a personas investigadas o condenadas por delitos contra el estado dejando de lado su falta de idoneidad.
2. La capacitación y la formación de los cuadros políticos no es eficaz, ya que no se produce la admisión de personas idóneas para la postulación y eventual ejercicio de un cargo público.
3. Los partidos que más financiamiento reciben son los que menos invierten.
4. Las labores de investigación son deficientes, pues no son realizadas por expertos en el tema.
5. El financiamiento de los partidos no implica necesariamente que reciban menos aportes de origen privado, sino que se recurren a estrategias de ocultamiento como ocurrió en el denominado Caso Cócteles.
6. Se contratan proveedores de servicio sin experiencia.
7. No se realizan las rendiciones de cuenta d manera oportuna.
Por estas razones, la iniciativa propone la eliminación del financiamiento público directo a los partidos, y así promover una mayor independencia y responsabilidad financiera, así como, fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas. (Fuente: Andina)
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